El pasado 29 de junio fue publicada en el BOE la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones norma sectorial de referencia del sector. Un largo proceso de cambios del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE), en el que han participado el COIT y agentes del sector con la coordinación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Esta gestión supone la pieza clave para el desarrollo de una sociedad digital. A continuación, citamos las principales mejoras en la Ley de Telecomunicaciones.
Principales mejoras en la Ley de Telecomunicaciones
La Ley mantiene una línea continua con respecto a la anterior ya que se ha apreciado el impacto de esta en las infraestructuras y la competencia en el mercado español de telecomunicaciones.
Despliegues e inversiones en redes ultrarrápidas
Se establecen mecanismos para coordinar de manera más ágil entre administraciones públicas el despliegue de infraestructuras y redes de telecomunicaciones en los entornos locales. El objetivo es reducir y simplificar plazos en los trámites administrativos relacionados con el despliegue.
Avance en el despliegue y acceso a la red 5G de telefonía móvil y aumento de la red de fibra en zonas rurales
Además de la conectividad y banda ancha en los edificios residenciales (ICT) y aquellos amparados bajo el paquete de ayudas UNICO-Edificios.
Mejoras en la conectividad de edificios y conectividad exterior (urbanizaciones)
Esta apuesta desde el punto de vista profesional supone mucho ya que abre las puertas a mejoras y desarrollos pensados para mejorar el bienestar de los ciudadanos y convertir a los edificios como el elemento principal y clave en las ciudades inteligentes. Lo que supone edificios conectados, monitorizados y sostenibles que garantizan a los usuarios calidad en servicios de telecomunicaciones y a limitar la denegación de instalación de redes en las comunidades propias o colindantes (en caso de ser necesario) a las comunidades de propietarios y edificios.
Permiso de las llegadas de los operadores en igualdad de condiciones al conjunto de usuarios (residencial, dotacional, centros sanitarios, educativos etc…)
Esto establece en el proceso de urbanización incluir un proyecto de infraestructura de telecomunicaciones específica para que sea posible la llegada de todos los operadores por igual.
Derechos para los usuarios
Esto supone mayor transparencia en los contratos de los operadores o reforma de servicio universal que incluirá conexión a Internet y excluye cabinas. Por otro lado, también incluye limitación de duración de contratos a 24 meses, regulación de paquetes de servicios, ampliación de derechos de portabilidad y conservación de saldo móvil al cambio de operador.
Conexión mínima de 100 Mbps para los usuarios y derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comerciales
Esto entrará en vigor en un plazo de 12 meses.
Permiso para crear una red de alertas nacionales en caso de catástrofe
Esto permitiría avisar a los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles y la comunicación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en España.